*Al inaugurar las actividades académicas del XIV Congreso IGLOM en la UdeC, el investigador compartió hallazgos de un estudio sobre experiencias de Barcelona, Buenos Aires, Iztapalapa y Zapopan.
Los espacios públicos donde las personas se encuentran, aprenden y se organizan pueden convertirse en herramientas para reconstruir el tejido social, reducir la vulnerabilidad y fortalecer la vida democrática desde los barrios, señaló Enrique Cabrero Mendoza durante la conferencia inaugural del XIV Congreso de la Red de Investigación en Gobiernos Locales (IGLOM), celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.
El reto para los gobiernos municipales, explicó, es que estos lugares evolucionen: que la entrega de alimentos, las consultas médicas y otros apoyos permitan avanzar hacia el desarrollo de capacidades y la organización comunitaria, hasta que las personas usuarias participen en las decisiones y, eventualmente, en la administración de los espacios.
Ésta fue una de las principales conclusiones que presentó en la conferencia “La política social municipal a través de infraestructuras sociales. Cuatro casos: Barcelona, Buenos Aires, Iztapalapa y Zapopan”, con la que comenzaron las actividades académicas del encuentro, inaugurado este miércoles 21 de octubre.
Director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Cabrero compartió los resultados de la primera etapa de un proyecto desarrollado por equipos de México, España y Argentina.
El estudio identificó cuatro aportaciones potenciales de las infraestructuras sociales: contener la erosión democrática, restablecer los vínculos comunitarios, reducir la vulnerabilidad de poblaciones excluidas y fortalecer la relación entre la ciudadanía y los gobiernos locales. Su alcance, precisó, depende de las dinámicas que se construyan dentro de ellas y de la capacidad de sus promotores para involucrar a la población.
Para explicar el concepto, retomó el trabajo del sociólogo Eric Klinenberg sobre bibliotecas y otros espacios públicos que, además de prestar servicios, favorecen el encuentro cotidiano. La infraestructura social, expuso, ofrece las condiciones físicas para desarrollar capital social; esto es, las relaciones de confianza, solidaridad y apoyo mutuo que surgen de pertenecer a una comunidad.
Una biblioteca, un centro de cuidados o un espacio cultural pueden cumplir esa función cuando las personas los utilizan para reunirse, compartir conocimientos y resolver necesidades comunes. En ese proceso, dijo, los gobiernos municipales pueden generar condiciones para recuperar vínculos debilitados por la exclusión, el crecimiento de las ciudades y la polarización.
Cabrero explicó que esta perspectiva responde a una agenda social cada vez más compleja. A las necesidades de educación, salud y seguridad social se suman demandas de cuidados, inclusión y atención a riesgos ambientales y de seguridad que requieren respuestas cercanas a la vida cotidiana.
Para conocer cómo funcionan estos espacios, los equipos de investigación estudiaron cuatro experiencias mediante distintas herramientas. En Barcelona enviaron una encuesta a los 44 casales de barrio; en el Gran Buenos Aires se acercaron a 39 experiencias comunitarias; en Iztapalapa analizaron tres Utopías, y en Zapopan profundizaron en cuatro infraestructuras del programa Colmenas.
Las investigaciones incluyeron, según el caso, encuestas, entrevistas con personas usuarias, análisis de actividades y observación participante. Más que una comparación con métodos idénticos, el proyecto buscó reconocer similitudes y diferencias a partir de preguntas comunes.
En el Gran Buenos Aires, los centros comunitarios de cuidados tienen su origen en la organización de mujeres que, durante las crisis de los años ochenta y noventa, comenzaron a cuidar a niñas y niños de sus barrios. Con el tiempo, esas iniciativas se consolidaron y encontraron respaldo público mediante el programa de Unidades de Desarrollo Infantil.
De acuerdo con los datos presentados, este programa reúne 1,127 sedes, de las cuales 785 se encuentran en organizaciones comunitarias, y atiende aproximadamente a 44 mil niñas y niños. Las organizaciones aportan y acondicionan los espacios, participan en la integración de los equipos y definen sus proyectos y actividades.
Para Cabrero, esta experiencia muestra la importancia de vincular las iniciativas ciudadanas con el apoyo gubernamental. Aunque algunas instalaciones son precarias y persisten dificultades para institucionalizar la participación, su fortaleza está en las relaciones construidas por la comunidad. “Lo más importante para este programa en Buenos Aires no es la calidad de la infraestructura de la edificación, sino es lo que pasa adentro”, expresó.
En Zapopan, el estudio examinó las Colmenas, instalaciones construidas para el trabajo comunitario, y los Enjambres, espacios existentes que se adaptan para esa función. Ambas modalidades sumaban, según lo expuesto, 20 infraestructuras con servicios y actividades de alimentación, salud, capacitación, cultura y deporte.
El investigador destacó que las mujeres representan el 74 por ciento de las personas usuarias de esta experiencia. Los cursos y apoyos, explicó, les permiten desarrollar habilidades, organizarse y, en algunos casos, obtener ingresos mediante los oficios aprendidos. Sin embargo, señaló que la participación comunitaria todavía se encuentra en construcción: el gobierno municipal impulsa el programa y enfrenta el desafío de que la población lo haga suyo.
En Iztapalapa, las Utopías apuestan por ofrecer instalaciones deportivas, culturales y de cuidados de alta calidad a personas que, por sus condiciones de marginación, difícilmente habían tenido acceso a espacios de esas características. Cabrero reconoció sus avances en cuidados, salud y atención a la población, aunque indicó que el desarrollo de la vida comunitaria sigue un proceso más lento.
Barcelona presenta una trayectoria distinta. Sus casales de barrio se apoyan en una tradición de organización vecinal que favorece una participación más intensa. Allí, explicó, se busca que la propia comunidad gestione los espacios y administre los recursos públicos que recibe, en un contexto donde la migración y la presión del turismo plantean nuevos retos para la convivencia.
Las cuatro experiencias permiten distinguir dos rutas: en Barcelona y Buenos Aires, la organización comunitaria impulsó proyectos que después recibieron respaldo gubernamental; en Iztapalapa y Zapopan, los gobiernos locales crearon las infraestructuras y buscan atraer a la ciudadanía para que participe y se apropie de ellas.
En todos los casos, el estudio encontró tres funciones compartidas: atender necesidades básicas, apoyar el desarrollo de capacidades individuales y propiciar encuentros que fortalezcan la vida colectiva. También identificó mejoras en la relación entre la población y las autoridades locales.
En Zapopan, añadió, habitantes de los barrios estudiados consideran que estos espacios han contribuido a contener la violencia y generar confianza. Como ejemplo, relató que algunas instalaciones son respetadas incluso en zonas donde otros inmuebles sufren daños, una señal del reconocimiento que les otorga la comunidad.
Para los municipios interesados en desarrollar experiencias similares, Cabrero propuso cinco características: acceso público sin cobro ni restricciones; espacios polivalentes, adaptables a distintas actividades; equipos proactivos que salgan al barrio a invitar a la población; proximidad entre las personas, y oportunidades para la participación ciudadana.
Subrayó que abrir las puertas de un edificio requiere acompañarse de trabajo con sus habitantes. La asistencia puede atraer inicialmente a quienes necesitan alimentos, atención médica o vestido; después, la capacitación y las actividades compartidas pueden fortalecer sus capacidades y abrir paso a una mayor organización.
El horizonte es que la comunidad pueda asumir responsabilidades sobre el espacio, mientras el gobierno mantiene su respaldo. Ese proceso de maduración, sostuvo, ayuda a comprender por qué la construcción de instalaciones debe acompañarse de una estrategia sostenida de trabajo comunitario.
Frente al debilitamiento de las democracias, Cabrero consideró que estos lugares pueden dar fuerza a la sociedad civil desde su entorno más cercano. Por ello, recomendó a los gobiernos locales aprender de las experiencias existentes y promover espacios donde la solidaridad, la confianza y la participación se conviertan en prácticas cotidianas.
El XIV Congreso IGLOM se desarrolla del 21 al 23 de octubre bajo el lema “Las personas al centro de los gobiernos: lecciones del federalismo mexicano frente a los desafíos de la agenda global sostenible, la incertidumbre y el reordenamiento mundial”, con actividades orientadas a intercambiar investigaciones y propuestas para la atención de los problemas públicos desde el ámbito local.
