• Además, decreta su suspensión provisional del cargo que ostenta para continuar con el proceso penal que se le sigue
Luego de que se llevara a cabo la audiencia por el juicio que se le lleva a la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Martha Zepeda del Toro, el fiscal Anticorrupción, Mario Ochoa García, dio a conocer que el juez competente decretó vincularla a proceso por su probable participación en la comisión de un delito y además resuelve su suspensión provisional del cargo que ostenta.
“Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa en donde no se actualizaban los supuestos para vincular a proceso. Nosotros hicimos lo propio debatiendo sus argumentos y las razones por las que, si se configuraba una conducta con apariencia de delito y se acreditaba su probable participación en los mismos”, comentó.
De esta manera, continúo el funcionario, el juez después de una extensa audiencia, decretó un receso para analizar bien los argumentos de ambas partes y poder emitir una resolución debidamente fundada y motivada. “Después de media hora el juez emite su resolución en la que dicta auto de vinculación a proceso por encontrar elementos suficientes para ello, conforme a la ley”.
Indicó que ante esta resolución, nosotros con base a la ley “solicitamos una medida cautelar para la prosecución de este procedimiento. Pedimos al juez que se suspendiera provisionalmente del cargo a la funcionaria en razón que por las funciones que lleva a cabo que son inherentes de la ley del Municipio Libre y derivado de su comportamiento en el procedimiento, por no acudir a las citaciones de la autoridad de Medidas Cautelares y por algunas otras conductas que se dieron posterior a que se cometió el hecho con apariencia de delito, era conveniente que se garantizara el debido proceso y el procedimiento penal, es decir, que no se obstaculice las funciones del Ministerio Público en la investigación de este delito y la continuación de las etapas procesales”.
Expresó que el juez escuchando los argumentos de ambas partes, nuevamente decreta un receso para analizar la solicitud y finalmente concede la aplicación de la medida cautelar, es decir, la suspensión provisional del cargo.
Finalmente, también la parte acusadora solicitó un plazo de tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria. Es decir, llevar a cabo nuevos actos de investigación que nos permitan allegarnos de mayores elementos para determinar si formulamos una acusación formal para el inicio de las próximas etapas del procedimiento penal.
El funcionario reconoció que conforme a la ley en su calidad de indiciado o imputada tiene el derecho de apelar las decisiones del juez y tendría que ser una instancia superior la que analice sus argumentos, en caso de presentar alguna apelación en contra de las determinaciones judiciales y estaremos a la espera que se vaya dando en este procedimiento.
Reiteró que hasta el día de hoy ya mediando un auto de vinculación a proceso emitido por una autoridad judicial competente, podemos establecer y asegurar que existen elementos que hacen probable su participación en la comisión de un hecho que se tipifica como delito en el Código Penal.