El abogado colimense, Mtro. Víctor Torres López, señaló que la importancia de este Código radica en que la materia civil y la familiar están relacionadas con los asuntos más comunes para las personas —la llamada ‘justicia cotidiana’—. De hecho, de acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi, más de 65% de los asuntos ingresados en primera instancia en todos los poderes judiciales estatales fueron en estas materias 27.8% en civil y 39.4% en familiar.
También se debe considerar que la norma procedimental civil suele ser un instrumento normativo que se aplica en suplencia para otras materias, lo que amplía la cantidad de procesos potencialmente afectados a nivel nacional por la falta de este cuerpo normativo.
Torres López, enfatizó que está omisión legislativa es todavía más grave si tomamos en cuenta que la Suprema Corte ha determinado en diferentes resoluciones que los congresos locales no pueden reformar sus códigos en la materia si el Congreso de la Unión no expide el Código Nacional correspondiente.
La falta de actualización de los códigos procesales civiles y familiares les dificulta a los poderes judiciales estatales la implementación de nuevas herramientas y medios digitales para impartir justicia en esas materias. Estas soluciones tecnológicas, necesarísimas en tiempos de pandemia, en la mayoría de los casos no se encuentran reguladas en sus códigos.
Por ello, la discusión legislativa del Código Nacional representa también una oportunidad para analizar, debatir y, en su momento, aprobar las reglas mínimas que permitirán a los poderes judiciales locales implementar soluciones digitales en todas las materias, lo que desactivaría el muy real temor de su eventual impugnación, por la laguna normativa que existe en el tema. Finalizó Víctor Torres.