Mario García Solórzano, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Colima, dio a conocer que existen denuncias penales en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, por lo que piden su remoción del cargo para que enfrente estas acusaciones en su contra.
En este tenor, uno de los afectados, Ernesto Díaz Cerón, dio a conocer que él se encuentra absorto en una demanda familiar, en donde no se le ha permitido ver a sus hijas por más de 32 meses, situación en la que se ven involucrados el propio Salazar Santana, dos jueces, entre otros, quienes han dilatado la sentencia de custodia
“Han detenido la resolución por más de 32 meses, en donde ya hay un daño irreversible ante la falta de poder ver a mis hijas y donde a pesar de que la contraparte (madre) ha realizado actos que legalmente se establecen para la pérdida de custodia temporal, siguen sin resolver a mi favor”, subrayó.
En otro caso, Edgar Pinto Romero, quien hasta hace un año se desempeñaba como secretario de acuerdos en el Juzgado Penal de Justicia Tradicional en Tecomán, resaltó que a él le hicieron firmar su renuncia bajo coacción, por instrucciones de Bernardo Salazar Santana, esto después de 22 años de antigüedad, y donde de finiquito se le quería otorgar la cantidad de 13 mil pesos, algo que considera una afrenta a su persona y cargo.
Ante ello, mencionó presentó las denuncias y demandas correspondientes, en donde exige primero que se actué conforme a derecho, se le reinstale, con sus respectivos salarios caídos y que se le respete los 22 años de antigüedad.
Ante estos hechos, Mario García enfatizó que se solicita la remoción de Salazar Santana como presidente del STJE, “porque tiene varios hechos que la ley marca como delitos y hay una certeza de que ha sido partícipe, pues está toda la documentación que así lo marca”.
Además, continúo, hay otros actos más, “entonces no es posible que él siga en el cargo, cómo puede estar una persona que ha sido denunciada y que están ratificadas esas denuncias estar al frente del STJE donde se administra la justicia pronta y expedita”.
Es por eso que se solicita la intervención de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva para que medie entre el STJE y el Congreso del Estado.
Lo aceptable, dijo, es que el Congreso del Estado tome cartas en el asunto y lo separe del cargo y enfrente los cargos por los que se la acusa; si la Fiscalía de oficio le abre dos carpetas más de investigación por los cargos de corrupción y abuso de autoridad, porque esta demostrado y hay bastante datos de prueba que hacen ver claramente la participación en estos casos del presidente magistrado.