Comunicado emitido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado lamenta el retraso en el pago de aguinaldo a quienes integramos el Poder Judicial del Estado, situación que nada tiene que ver con un inadecuado manejo de los recursos o a la falta de previsión por parte de la Presidencia de dicha institución.
Cada año, el Pleno de Supremo Tribunal de Justicia del Estado aprueba el proyecto de presupuesto que contempla las necesidades reales que garantizan a la sociedad el derecho humano de acceso a la justicia. Este proyecto se presenta al Congreso del Estado dentro del proceso de programación y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente.
Aun así, desde hace más de 20 años, de manera recurrente, al autorizarse el presupuesto por parte del Congreso del Estado, se le asigna al Poder Judicial, como parte del presupuesto global del Gobierno del Estado, una cantidad menor a la que en realidad dicho Poder requiere para atender adecuadamente el servicio de administración de justicia, cantidad que se entrega mediante ministraciones quincenales (para el pago de nómina) y mensuales (para servicios generales y gastos de operación).
En otras palabras, las autoridades financieras del gobierno estatal le han fijado al Poder Judicial del Estado, un techo financiero al elaborar el presupuesto global, el cual siempre resulta inferior a las necesidades reales que la prestación del servicio exige.
No obstante, año con año, al final del ejercicio fiscal, se tiene que solicitar al Gobierno del Estado y éste hace transferencias adicionales, al monto total del presupuesto autorizado para el Poder Judicial, para cumplir con los pagos, principalmente de nómina y obligaciones laborales de fin de año que, de otro modo, no pudieran solventarse, por haberse autorizado un monto menor al realmente necesitado, como se indicó.
Debe aclararse, sin embargo, que la situación que se está viviendo en la actualidad no es una responsabilidad imputable de manera directa al Ejecutivo del Estado, ya que el Gobernador ha entregado al Poder Judicial, durante el año y mediante las ministraciones quincenales y mensuales, los 216 millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, el Gobernador autorizó una ampliación de 10 millones de pesos al presupuesto original, para cubrir el pago de nómina de la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre, cumpliendo con ello su obligación de ministrar los recursos que corresponden al Poder Judicial del Estado. Aun así, como se dijo, los recursos aportados resultan insuficientes para atender las necesidades reales del servicio, como se les informó desde que se gestionó el referido presupuesto, por primera vez.
El Poder Judicial, conforme fue recibiendo las ministraciones de parte de las autoridades financieras del Estado, hizo las previsiones correspondientes y generó los ahorros para afrontar los compromisos de fin de año, mismos que ha utilizado para solventar las obligaciones de pago de nómina de los trabajadores.
La Presidencia y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado nos encontramos haciendo las gestiones oportunas ante el Gobernador del Estado, para que, con los recursos que a su vez solicitó al Gobierno Federal, como ampliación para cumplir los compromisos laborales de fin de año de toda la burocracia, se pueda hacer la ampliación respectiva al presupuesto del Poder Judicial.