Guadalajara, Jal. A ocho meses de que concluya la gestión del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz (5 de diciembre) la entidad vive la peor crisis de seguridad con una oleada de ejecuciones, desapariciones forzadas y enfrentamientos entre criminales o de éstos con las autoridades.
Con al menos 3 mil denuncias por desaparición de personas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Jalisco ocupa el tercer lugar nacional.
En lo que va del año suman más de 400 asesinatos dolosos, la mayoría perpetrados en Guadalajara y municipios de la zona conurbada: Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, entre otros.
El 7 de marzo, Sandoval Díaz advirtió: “Vienen días complicados. No les miento: la ola de violencia no va a terminar. La situación es crítica y no tiene visos de mejorar”.
Y no se equivocó. El 19 de marzo se dio a conocer que Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos, alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), fueron privados de su libertad en un fraccionamiento de Tonalá.
A la fecha no se sabe nada de ellos, pese al reclamo de sus familiares, organizaciones de derechos humanos, organismos no gubernamentales y de la sociedad jalisciense.
A ese caso se sumó la desaparición de dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara. César Ulises Arellano Camacho, de medicina, quien fue hallado sin vida en la barranca Huentitán, el 25 de marzo; Susana Carolina Gutiérrez, de Sicología, fue encontrada sana y salva.
El caso de los italianos Antonio Russo, Raffaele Russo y Vincenzo Cimmino, quienes fueron vistos por última vez el 31 de enero en Tecalitlán, ha trascendido a nivel internacional.
Ciudadanos de ese país europeo han realizado manifestaciones para exigir que los napolitanos sean presentados con vida.
Uno de los programas que el gobierno de Aristóteles Sandoval presentó y del que no se proporcionaron detalles fue la Plataforma Escudo Urbano, la cual, según se dijo inicialmente, concentraría los esfuerzos de la autoridad estatal y de CIS International Limited, empresa del ramo de seguridad poco conocida.
Dicho proyecto contemplaba el centro de monitoreo y vigilancia C5 que proyectaba la instalación de 5 mil 500 cámaras de vigilancia, de las cuales sólo se han colocado menos de 20 por ciento y hasta ahora los botones de pánico que preveía, son inexistentes.
Pese a que en su momento, la licitación para dicho proyecto fue cuestionada por los diputados locales, se firmó un contrato por el cual en marzo de 2014 se adjudicó a dicha compañía extranjera pleno control de la Plataforma Escudo Urbano, de la cual hasta ahora no hay resultados.
Pese a la inversión de casi 900 millones de pesos, que se le pagarían a CIS International Limited en tres exposiciones, la administración del priísta Aristóteles Sandoval no ha podido abatir los índices delincuenciales. En su gestión suman más de 3 mil homicidios dolosos. En abril de 2016, el entonces fiscal Eduardo Almaguer destacó la importancia para Jalisco del “arranque” de la Plataforma Escudo, que, según dijo, brindaría mejor seguridad y confianza a los ciudadanos. En la actualidad, la realidad es otra.
Fuente: La Jornada