El día de ayer, 24 de Octubre y en sesión ordinaria, la Diputada Federal por Colima Gretel Culin Jaime, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la INICIATIVA con proyecto de Decreto, por medio de la cual pretende reformar los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que cada entidad federativa, incluya en su presupuesto de egresos de cada año de ejercicio fiscal, una partida presupuestal destinada a cubrir las necesidades de operación de los Grupos Voluntarios de Protección Civil.
La Ley General de Protección Civil, contempla en su capítulo X, a los grupos voluntarios, como una organización de ciudadanos para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil, tales como tareas de rescate y auxilio, combate de incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros. Sin embargo, dicha legislación no contempló un mecanismo de financiamiento gubernamental para estas agrupaciones, cuando así lo requieran, resultando necesario que exista en la legislación general la obligación para las entidades federativas de contemplar financiamiento público, a fin de que puedan realizar subencomienda, máxime que para obtener la calidad de grupos voluntarios de protección civil, debieron pasar por un proceso de registro, siendo necesario que dichos grupos reciban recurso de los estados, esto previa justificación de sus necesidades.
Por lo anterior es que resulta necesario que en los Presupuestos de Egresos Estatales, se incluya una partida que específicamente sea destinada a estos Grupos Voluntarios de Protección Civil, a fin de que estos cuenten con los recursos necesarios para que sean dotados del material, equipo, herramienta y capacitación que se requiere para el trabajo que desempeñan y que es de reconocerse, logrando así una mejor respuesta ante cualquier eventualidad.
Dicha iniciativa tiene por objeto primordial, realizar una revisión y adición en materia legislativa con la finalidad de considerar que todos los Estados del País y la Ciudad de México, otorguen recursos de forma obligatoria a los grupos voluntarios de protección civil, y que estos recursos los consideren en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal.