Saludo la presencia del Ciudadano Licenciado
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima.
Sea usted bienvenido, Señor Gobernador.
Nos honra la presencia del Ciudadano Licenciado
BERNARDO ALFREDO SALAZAR SANTANA.
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Saludo especialmente a la Doctora
XIMENA PUENTE DE LA MORA,
Comisionada Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien doy la más cordial bienvenida a este Recinto.
Saludo cordialmente al Ciudadano Licenciado
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO,
Diputado Presidente de la Mesa Directiva
de esta Quincuagésima Octava Legislatura.
Diputadas y Diputados integrantes de este Honorable Congreso.
Distinguidas autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal que asisten a este evento.
Señoras y señores.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en su artículo 81 establece que el organismo garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos, deberá rendir ante esta Soberanía y durante el mes de abril de cada año, un informe público de su desempeño.
Tal es el sustento de la sesión solemne que nos convoca en esta ocasión y en este Recinto, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar, en voz de su Comisionada Presidente, la situación que prevalece en nuestra entidad en torno a estos temas.
El informe comprende el detalle de las acciones más relevantes implementadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, para dar vigencia a los postulados de dicha ley, las dificultades que se han observado para su cabal cumplimiento, así como los aspectos más relevantes que derivan de la información que los sujetos obligados del Estado suministran al INFOCOL, integrando sus informes anuales.
Licenciada Rocío Campos Anguiano, hemos escuchado atentamente el mensaje que presenta a esta Legislatura, en la que se encuentra depositada la representación popular. Puede estar segura que institucionalmente nos encontramos vinculados a la trascendente labor que desempeñan quienes integran el Instituto que dignamente preside.
Nos encontramos sin lugar a dudas ante uno de los temas de mayor actualidad que se encuentran en la agenda de la nación mexicana. La evolución del Derecho de Acceso a la Información ha sido vertiginosa y su desarrollo y consolidación en menos de quince años, es una realidad insoslayable cuyos logros son irreversibles dada la exigencia ciudadana.
La fortaleza de las instituciones debe sustentarse en una actuación estrictamente apegada a derecho y determinada por la transparencia, como una de las premisas fundamentales de su desempeño, esa es la tendencia básica de la política actual.
En la consecución de estos fines nos encontramos involucrados todos: servidores públicos, organismo garante, instituciones educativas, partidos políticos y la sociedad en su conjunto. A todos nos compete aportar nuestro mejor esfuerzo para hacer vigente, momento a momento, esta realidad democrática surgida, como pocas, de la exigencia y participación ciudadana.
Estamos conscientes que al Poder Legislativo le corresponde un papel preponderante en esta encomienda, también sabemos que existe el mayor interés de los integrantes de esta Legislatura para apoyar el desarrollo de las condiciones de transparencia de los sujetos obligados y de conceder la más amplia dimensión al derecho de acceso a la información, con las únicas limitantes que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra labor debe ser congruente a las inercias nacional e internacional que pugnan por la entrega de datos abiertos de parte de las instituciones de gobierno, como un reconocimiento irrestricto de que la información que poseen es de naturaleza pública y, por consecuencia, su conocimiento debe estar disponible, de manera permanente, a la población.
Por tanto, las políticas de transparencia y el acceso a la información deben contar con esta tendencia, proporcionar la información con una completa disponibilidad para la población, y que ésta pueda reutilizarla y redistribuirla sin ninguna discriminación, fomentando la posibilidad de que los datos sean procesados para conocer plenamente el actuar de las instituciones, en el propósito de que cualquier persona se encuentre en condiciones de evaluar el quehacer de todas y cada una de las instancias gubernamentales y de aquellas que desempeñan funciones públicas, o bien realizan otras actividades utilizando recursos del erario. Es así como podemos contribuir a la construcción de una cultura de la transparencia.
De esa manera nuestro Estado ha realizado un arduo trabajo que nos permite situarnos en parámetros que marca nuestra Carta Magna y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Particularmente esta Legislatura ha tenido la oportunidad de contribuir en esta tarea, mediante la designación de quienes integran actualmente el organismo garante en nuestra entidad, dando continuidad a un procedimiento sin precedentes realizado por el titular del Poder Ejecutivo.
Aprobamos la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyos postulados dan certeza y dimensión a estos derechos, en los términos y condiciones que derivan de la rectoría de los documentos emanados de las instancias federales competentes.
También, esta Legislatura realizó los trabajos necesarios para emitir los nombramientos de los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto, quienes seguramente están aportando su esfuerzo para conseguir mejores resultados tanto en la consecución de metas y objetivos propios, como las que competen a todas y cada una de las instancias que estamos sujetas a la legislación en la materia que nos ocupa.
La tendencia es clara, la voluntad inequívoca.
La apertura de las instituciones al escrutinio social es una realidad en nuestro país y, por consecuencia, en nuestro Estado. La transparencia es un concepto que permea ya en la conciencia de los servidores públicos, quienes insertan esta condición en su actuar, dando cuenta permanente de sus actos. Lejos estamos de los tiempos en que la información en poder de las instancias de gobierno era un reducto inalcanzable no solo para el ciudadano, sino aún para la propia clase burocrática.
Ahora, estamos ante la posibilidad de legitimar cabalmente la actuación de las instituciones públicas, de recuperar la credibilidad hacia quienes ostentamos cualquier responsabilidad en el ámbito oficial. De hacer saber a la sociedad que el gobierno trabaja en el camino correcto y que los recursos públicos son escrupulosamente invertidos en los fines que establece la normatividad de la materia, teniendo como principal sustento el escrutinio de la población.
Es claro que en la medida que nuestra función se apegue a los anteriores propósitos, estaremos aportando a una aspiración ciudadana de participar activa y efectivamente en el funcionamiento de las instituciones, dando así paso a una democracia participativa que permite y exige la socialización del conocimiento, para propiciar el fortalecimiento de una cultura que impulse a su máxima expresión la participación social en la toma de decisiones de gobierno.
Esta tendencia incentivará sin duda la gestión de la sociedad, abatiendo la falta de información, que lleva frecuentemente al aislamiento, a la crítica injusta e infundada y a una grave falta de aprecio de los ciudadanos por sus autoridades.
Lo que hasta ahora hemos alcanzado en materia de transparencia, es la parte del compromiso institucional que nos corresponde para que se cumpla con el mandato que deriva del marco jurídico que tutela el derecho de la sociedad, para que cada quien haga su parte, para que las instituciones y sujetos obligados realicen efectivamente su trabajo en cumplimiento de la ley y que el propio resultado de su trabajo, hable por sí mismo.
Solo de esta manera podremos estar en condiciones de que se sigan materializando las aspiraciones de la sociedad en su afán de contar con un gobierno e instituciones confiables.
Para continuar alcanzando logros en materia de transparencia, requerimos seguir consolidando la coordinación interinstitucional; renovar esfuerzos para enfrentar los retos actuales, a partir de una difícil realidad financiera; optimizar los recursos disponibles para hacer más con menos y aprovechar las inercias para involucrar en esta tarea al mayor número de instituciones públicas y organizaciones sociales.
Más allá de la observancia de la norma, tenemos un compromiso que cumplir, y más que una meta que alcanzar tenemos la responsabilidad institucional que nos obliga a generar, en el corto y mediano plazo, las acciones que sean necesarias para dar respuesta a la exigencia ciudadana que sigue pugnando por una total apertura de la información.
Las acciones consignadas en el informe presentado a esta Soberanía, constituyen muestra fidedigna del esfuerzo que se viene realizando para el redimensionamiento de los conceptos y márgenes en torno a la transparencia y el derecho de acceso a la información pública; la tarea es mayúscula y a su exitosa consecución estamos comprometidos.
Las actuaciones contenidas en este informe constituyen la muestra más sincera del propósito institucional por contribuir en alguna medida al fortalecimiento del Estado democrático de Derecho que, en esencia, es aquél en donde se respetan plenamente los derechos de todas y todos aquellos seres que lo integran.
A ese propósito nos convoca el trabajo que viene realizando el Poder Ejecutivo Federal, para alcanzar mejores estándares de difusión de la información.
Nos compromete la actividad intensa que desarrolla el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presidido por una destacada colimense bajo cuya gestión se han transformado de manera sustancial el concepto y parámetros con que se venían disfrutando estos derechos.
Doctora Ximena Puente de la Mora, en Colima, su estado natal, reconocemos la valía de sus aportaciones que indefectiblemente quedarán consignadas en la Historia como un parteaguas en los temas a cargo del Instituto que dignamente preside.
De igual manera, es oportuno reconocer la voluntad manifiesta del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, quien desde la más alta responsabilidad a que puede aspirar un colimense, integra la transparencia como una constante de su actuación y genera las condiciones para la construcción de una sociedad más informada, sujetando sus actos al estado de derecho y promoviendo la renovación del marco jurídico local, como condiciones inmanentes al desarrollo de Colima.
Esté seguro, Señor Gobernador, que esta Soberanía apoyará toda gestión que su gobierno realice en pos de otorgar mejores condiciones a los colimenses.
Quienes integramos esta Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Colima, hacemos patente una vez más nuestro compromiso con la sociedad colimense para consolidar la transparencia en el ejercicio de la función pública como parte del quehacer ordinario de cada una de las instituciones públicas y el respeto al derecho de acceso a la información en la actuación de quienes las dirigen.
Todo gobierno debe basar su actuación en la consecución de mejores niveles de bienestar para la población que lo sustenta, concediendo una superior relevancia a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre, como premisa relevante de su actuación. Debe, además, orientar y basar sus decisiones en la preservación y progresividad de esos derechos, por constituir uno de los fines inmanentes y más legítimos de todo conglomerado social.
Por nuestra parte, refrendo el compromiso de continuar trabajando en el propósito de seguir materializando cada una de las aspiraciones que tienda al beneficio de los colimenses, que seguramente serán los mejores jueces de nuestra actuación.