La Policía Estatal Preventiva (PEP) realiza más detenciones en flagrancia que todas las corporaciones municipales juntas, según cifras oficiales a las que este medio tuvo acceso, donde se confirma que en el año 2025 más de la mitad de aprehensiones de este tipo las realizó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
De las tres mil 533 detenciones en flagrancia que se realizaron el año pasado en Colima, 2,004 las llevó a cabo la Policía Estatal y mil 490 los municipios; lo que significa una efectividad del 58.7% de las autoridades estatales contra apenas un 42.2% de las policías en los municipios.
El panorama operativo de las policías, según datos de la Fiscalía del Estado, muestran que municipios como Colima y Armería realizan un número de detenciones muy por debajo de los registros que alcanza la corporación estatal. En el primer caso 82% de detenciones las realizó el nivel estatal y 15% el municipal, y en el segundo 72.2 son estatales y 27.8 municipales.
Esto significa que en el municipio capitalino por cada cuatro detenciones de la Policía Estatal, la Municipal realiza una, mientras que en Armería la PEP lleva a cabo casi el triple de aprehensiones en comparación con el registro de la Policía Municipal.
En contraste, hay municipios como Manzanillo y Cuauhtémoc, cuyas direcciones de Seguridad Pública detienen a más personas en flagrancias que la corporación estatal. En el año 2025 en el puerto se detuvieron en total a mil 631 personas; de éstas, al 52.5% las detuvo la Policía Municipal y un 46% la Estatal.
Según la encuesta nacional de Consulta Mitofsky realizada el pasado mes de octubre, 54.5% de los mexicanos considera que la inseguridad sigue siendo el principal problema del país, seguida de la economía y la salud; situación que hace esencial aspirar a una mayor efectividad de parte de las policías municipales, que se traduzca en la reducción significativa de la incidencia delictiva.
De acuerdo con la ley, ambos órdenes de gobierno tienen responsabilidades en materia de seguridad, según lo establece el Artículo 10 de la Constitución Política del Estado, donde señala que “La seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los municipios que, en concurrencia con la Federación y de acuerdo con las competencias que señalen la Constitución Federal y esta Constitución, comprende la prevención de los delitos, la coadyuvancia en su investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de las leyes de la materia”.
Por su parte, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima menciona en la Fracción II del Artículo 47, que son atribuciones de los gobiernos municipales: “Garantizar en el territorio municipal respectivo, la seguridad de las personas, sus bienes, sus derechos, así como preservar la paz y el orden público”.
La gobernadora Indira Vizcaíno ha dicho en varias ocasiones que desde su administración se hacen esfuerzos importantes para apoyar a todos los ayuntamientos con equipo y patrullas. Según las entregas que se han hecho públicas, el Gobierno del Estado ha otorgado 70 patrullas nuevas a los municipios, para que puedan ejercer mejor sus responsabilidades en la materia.
No obstante, quejas reiteradas y voces de diferentes sectores de la sociedad aseguran que hay municipios que no han aprovechado este apoyo, y alcaldes que parece que no quieren entrarle al tema porque prefieren como avestruces, enterrar la cabeza y hacer como que no pasa nada, o como que el tema no les corresponde.
