La administración de Riult Rivera destinó recursos etiquetados para el combate a la delincuencia —correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Municipal (FORTAMUN) que transfiere el Gobierno de México— para pagar compensaciones salariales a personal civil ajeno a la Policía Municipal y a la Dirección de Vialidad.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 149 millones 766 mil 147 pesos asignados este año al municipio de Colima, 15 millones 581 mil 205 pesos fueron utilizados para cubrir compensaciones salariales a 213 personas trabajadoras del Ayuntamiento de Colima.
Sin embargo, información obtenida por este medio a través de una consulta oficial al Secretariado revela que el Ayuntamiento únicamente cuenta con un estado de fuerza de 138 elementos policiales. Esto significa que la administración de Riult Rivera habría utilizado recursos destinados a seguridad pública para compensar a personal que no realiza funciones relacionadas con dicha tarea.
Este hecho podría ser considerado una irregularidad administrativa, al evidenciar un uso discrecional de los recursos públicos y un escaso interés de la administración municipal por fortalecer a los cuerpos de seguridad.
A ello se suma que recientemente se dio a conocer que la administración panista de la capital empleó también recursos de seguridad para adquirir mobiliario, aires acondicionados, bicicletas, computadoras y anaqueles, en lugar de equipamiento esencial como armamento, patrullas o herramientas operativas para la vigilancia.
Además, a menos de dos meses de concluir el año, la administración de Riult Rivera solo ha ejercido el 12.71% del presupuesto municipal propio destinado a seguridad: 19 millones 36 mil 05 pesos, cifra que representa 4.3 millones de pesos menos que lo invertido en 2024 por la entonces administración encabezada por Margarita Moreno.
Mientras tanto, la ciudad de Colima enfrenta un incremento en la incidencia delictiva en diversos rubros, y aun así la administración de Riult Rivera reduce el presupuesto para seguridad y destina parte del recurso federal a compensaciones irregulares, en lugar de fortalecer estrategias y capacidades para el combate a la inseguridad.
