Movimiento Ciudadano ha anunciado que podría presentar una propuesta para establecer en la legislación que todos los alcaldes y alcaldesas, regidores, regidoras, síndicos y personal de confianza de los ayuntamientos reciban una compensación de 90 días de salario al finalizar sus encargos.
En rueda de prensa realizada esta semana para arropar a la expresidenta municipal Griselda Martínez Martínez y la exsecretaria del Ayuntamiento y actual regidora Martha Zepeda del Toro, la diputada federal de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, aseguró que su partido siempre ha defendido el mejoramiento de las y los trabajadores y que, las y los servidores públicos también merecen que su bienestar sea garantizado.
La diputada federal del partido naranja fue enfática al defender la decisión del Cabildo que fue encabezado por Griselda Martínez, incluso fue más allá y se manifestó dispuesta a presentar una propuesta legislativa para que cada final de administración se apruebe una compensación para liquidar a los alcaldes, regidores, funcionarios de primer nivel y trabajadores municipales de confianza.
“Todas y todos los trabajadores y también el funcionariado público son trabajadores para los que puede haber este tipo de reconocimiento de derecho por que efectivamente, desde la presidenta municipal, hasta el último trabajador salen del municipio, y sobre todo los funcionarios más altos por lo menos en los siguientes tres años saben que no podrán tener un trabajo en una función pública”, señaló Patricia Mercado.
También fue enfática en decir que considera “moral y legalmente correcto” una compensación de esta naturaleza.
Sin embargo, la diputada federal no explicó si ella y su partido argumentan que son legales dicha compensación aprobada en el seno del cabildo manzanillense, por qué tendría que modificarse la legislación, como propone.
Griselda Martínez Martínez y Martha Zepeda del Toro fueron inicialmente imputadas y posteriormente vinculadas a proceso por una juez local, en un proceso que se le sigue por peculado, uso indebido de funciones y otros delitos, por la aprobación de dicho bono de finalización de la administración municipal que encabezaron.
La Fiscalía Anticorrupción estima en 30.4 millones de pesos el daño al erario público manzanillense derivado de ese bono que consistió en 90 días de salario para los integrantes del cabildo y para un grupo de trabajadores de confianza del equipo de la exalcaldesa.
Sobre dicha acusación, las exfuncionarias municipales han acusado una persecución política por parte del partido en el gobierno y de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
