• No era a la Fiscalía donde tenía que haberse presentado, es en Finanzas para que se le otorgue el crédito fiscal correspondiente
• El gobierno del estado únicamente está cumpliendo con el mandato emitido tras resolución del Tribunal Federal
Luego de que el ex mandatario estatal de Colima, Mario Anguiano Moreno acudiera, tras una marcha de varias cuadras, a la Fiscalía General de Justicia, para resolver el caso en donde se determinó, por parte de un juez federal que debe resarcir a las arcas estatales la cantidad de 515 millones de pesos; el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez enfatizó que este asunto es meramente legal, “no hay ni venganza, ni persecución política en su contra”.
“No voy a litigar en medios de comunicación”, subrayó, “yo lo que respetuosamente recomendaría es que la marcha la haga hacia la Secretaría de Finanzas para otorgarle el crédito fiscal”, expresó.
Explicó que el crédito fiscal se debe de pagar y es ese es el tema, no es un tema de Fiscalía; “es un error ir a la Fiscalía, (…) es no entender la naturaleza jurídica de la situación. Es un tema que debe enterarse la secretaría de Finanzas para liquidar un crédito fiscal”.
Negó que haya ‘persecución política’; “yo estoy ejecutando un mandato del Poder Judicial, un ordenamiento de un juez federal, de un colegiado. A mi me toca aplicar lo que el mandato de Ley establece”.
Respecto a la declaración emitida por el propio Anguiano Moreno respecto a que el ahora gobernador tuvo injerencia en la solicitud del crédito que ahora le están cobrando, Ignacio Peralta puntualizó que “yo gané la elección a gobernador del estado en la primera vez, en el ordinario, en junio de 2015, se inicia un proceso de entrega-recepción que como gobernador electo me obliga a empezar a conocer el estado que guarda la administración”.
“Sería muy irresponsable que un gobernador electo que pretenda asumir la responsabilidad de una gubernatura sin conocer el estado que guarda la administración, por lo tanto, estaba yo entendiendo el desastre financiero que estaban dejando y preparándome para asumir el 1º de noviembre, buscando soluciones a todas estas situaciones”, indicó.
Es el proceso natural de entrega-recepción, señaló el gobernador, el estado que guarda la administración, reiteró.
“No puede ser venganza política de mi parte hacia él, si es una sentencia emitida por un juez federal, yo no tengo nada que ver”.
A mi -reiteró- me dan la sentencia, la encomienda ejecutoria de la misma. “Si fuera una venganza política habría que preguntarle al juez que emitió la sentencia”.