Columna… “Desde la Curul 26”

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

No reducirán el financiamiento a partidos…
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso del Estado la iniciativa de reforma para la reducción en un 50 por ciento de financiamiento a los partidos políticos para que ese recurso pueda ser destinado a programas sociales, como se había comprometido cuando dio a conocer las 10 medidas que anunció el pasado 11 de enero, con el fin de mitigar en la mayor medida posible, el impacto originado por el incremento al precio de los combustibles a las familias colimenses.
Al hacer llegar esta iniciativa mediante la cual pretende reducir al 50% el financiamiento a los institutos político, el titular del Ejecutivo del Estado, destaca que “el sistema de financiamiento a los partidos políticos debe acotarse y adecuarse a la realidad económica y social que imperan en nuestro país, que dé como resultado un financiamiento mesurado y apegado a una política de austeridad para todos los órdenes de gobierno de la nación”.
Ahora hay que decir que el mandatario estatal tuvo necesidad de modificar la propuesta inicial que anunció el 11 de enero, cuando prácticamente daba por hecho que enviando esta iniciativa al Congreso del Estado, la Legislatura local con su sola aprobación podía autorizarlo a reducir el financiamiento a todos los partidos políticos, lo cual no es tal.
El Artículo 86 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fracción II, hace referencia al financiamiento público para los partidos políticos y cómo se fijará, en consecuencia si el mandatario estatal pretende que se reduzca lo que reciben los partidos, debía reformarse primero la Constitución, después el Código Electoral del Estado de Colima y luego el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal donde ya están fijadas las partidas de cuánto corresponde a cada instituto político.
Ahora el mandatario estatal se dio cuenta a tiempo que el financiamiento a los partidos es facultad del Congreso de la Unión, que es donde se tienen que reformar desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que en la iniciativa turnada al Congreso local, le está aventando la bolita a la Cámara de Diputados.
Propone a los diputados locales recoger esta iniciativa y elevarla al Congreso de la Unión a efecto de reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecer que el financiamiento público de los partidos políticos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, el 50.76 por ciento menos de los recursos públicos que reciben anualmente.
Ahora el hecho de que el Ejecutivo estatal haya envido esta iniciativa, que más bien sería un exhorto a la Cámara de Diputados, no está lo firme que debiera.
En los antecedentes o considerandos, creo que no aparece el que el gobernador del estado se haya reunido con todas las fuerzas políticas del estado para llegar a consensos en este sentido, entonces e este aspecto es una decisión unilateral donde cualquier instituto político puede recurrir al amparo en caso de no estar de acuerdo en que le quieran restar su financiamiento.
Porque por ejemplo si aquí se tomara la decisión de reducir el financiamiento como lo planteó el Ejecutivo, el partido más afectado sería Acción Nacional, que es el que ganó el mayor número de distritos uninominales en la pasada elección, siendo esta la primera ocasión que está recibiendo más recursos que el Revolucionario Institucional.
La medida pareciera ser buena, pero por ejemplo, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que efectivamente se aceptara reducir al 50% las prerrogativas, la mayoría de institutos políticos, si no es que todos en Colima, están recibiendo la mitad de lo presupuestado, esto por las multas que les aplicó la autoridad electoral por las irregularidades cometidas en los pasados procesos electorales, tanto en el ordinario de junio de 2015, como en el extraordinario que culminó en 2016, con la elección del gobernador del estado.
Un ejemplo se lo pongo en el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), su presupuesto es de 160 mil pesos y de ahí le están quitando la mitad para pagar las multas que arrastra, esto es le están quedando 80 mil pesos para el sostenimiento del comité estatal y los diez comités municipales, si les quitan otro 50%, pues entonces prácticamente no estará recibiendo nada.
Y así por el estilo se encuentran los otros partidos políticos.
Éste sí es año electoral…
Entonces mediáticamente el anuncio hecho por el Gobernador del Estado estuvo bien, pero en la realidad no creo que vaya a fructificar, porque por ejemplo cuando él hizo el anuncio el 11 de enero, dijo que esta propuesta sería en este que no es año electoral, y hay que recordarle al mandatario estatal, que éste sí es año electoral, y precisamente se iniciará en el mes de octubre con las instalación formal del consejo general del Instituto Electoral del Estado y del pleno del Tribunal Electoral del Estado.
Y de acuerdo a la ley, al ser año electoral se les debe otorgar el doble de las prerrogativas precisamente para que los partidos políticos puedan desarrollar sus tareas.
De acuerdo a lo poco que se conoce de esta iniciativa, no sé si está plenamente motivada y fundamentada en ese aspecto, pero de entrada se debe tomar en cuenta que el proceso electoral 2017-2018 inicia en octubre, en consecuencia, la petición que está haciendo el titular del Ejecutivo, debe ser en todo caso ajustada al mes de septiembre, pues lo que él anunció el 11 de enero, es que esta reducción de financiamiento sería para el plazo no electoral.
También desconozco si en la iniciativa el Ejecutivo está solicitando al Congreso en todo caso realizar el ajuste correspondiente al presupuesto de egresos ya que en el mismo está establecido lo que corresponde a los partidos, y que incluso ya se les entregó, –bueno eso creo—la primera ministración de este año.
En fin habrá que estar al pendiente de ver como caminan las cosas, pero la verdad, como que no se le ve mucho futuro a esta iniciativa.
Congreso amodorrado…
Máxime si además le añadimos que en este primer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, los diputados se echaron en la poltrona y les ha entrado una flojera para trabajar, que por ejemplo en este primer mes de 2017, apenas han realizado una sola sesión ordinaria y hubiera visto el trabajo que les costó primero convocarla y después desarrollarla.
A pesar de los temas trascendentales que tienen en la congeladora, no se ve para cuando los diputados se pongan las pilas.
Nomás para que tenga una idea, hasta hoy jueves, por fin se va a realizar (espero no la suspendan de último minuto) la sesión solemne para entregar la presea “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a las organizaciones y a las personas con discapacidad que se han caracterizado por trabajar en favor de estas personas.
Esta presea debió haberse entregado dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre.
Pero no es lo único… ¿usted sabe que ha pasado con el dictamen relativo al informe final de resultados de la auditoría excepcional de los años 2013, 2014 y enero-agosto de 2015, de la administración de Mario Anguiano Moreno, al frente del gobierno estatal?, no verdad.
Hay que recordar que el Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, se lo entregó al presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el priísta Santiago Chávez, desde el mes de octubre.
Recuerdo que aquella ocasión cuando recibió el documento Santiago Chávez, que da la impresión de que hasta solo se estorba para tratar de ocultar hasta donde sea posible todo lo que pueda “tocar” a su gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien le debe primero la candidatura y después la diputación, a pesar de tener ocho procesos aún sin resolverse en la Comisión de Responsabilidades, de su paso como funcionario del Ayuntamiento de Tecomán.
Habla el presidente de esta Comisión que a lo mejor en el primer trimestre de este año ya tiene el dictamen de dicho informe, y eso que lo tiene desde octubre, ¿estará esperando a que el ex gobernador Anguiano Moreno, tramite un amparo más, de los tres o cuatro ya tramitó, para que no le hagan nada?, quién sabe, vaya usted a saber.
Otro asunto, ¿sabe usted por qué no hay titular en la Procuraduría General de Justicia del Estado, desde que renunció quien tenía ese cargo, a pesar de los cientos de asesinatos dolosos que se cometieron durante 2016 y la treintena de crímenes que ya llevamos en estos 19 días de 2017?, pues nada más y nada menos que porque a los diputados no se les ha pegado la gana sacar la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría, para crear la figura de la Fiscalía, plazo que venció desde el mes de noviembre y que aún es tiempo que ni por asomo se vislumbra para cuándo puedan sacar este decreto.
También está todo lo referente al Sistema Estatal Anticorrupción, donde incluso la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez, ya mandó un escrito al Congreso, para dar seguimiento a un oficio de fecha 1º de diciembre del 2016, signado por la titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual les restregó en la cara los acuerdos tomados en la IX Asamblea General de la COPECOL, A.C.., entre los que destaca el llevar a cabo la armonización en materia del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y la propia Contralora General del Estado se ofrece para ponerse a trabajar de manera coordinada con los diputados y demás autoridades que intervienen en el proceso legislativo, a fin de poder llevar a cabo la implementación del Sistema Local Anticorrupción, pero no, no les urge a los diputados.
Y otra, ¿sabe usted por qué modificaron la Ley para que el Informe del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ya no sea obligatorio rendirlo a más tardar el 15 de enero?, ¡ah! pues sencillo, porque el pasado jueves 12 de enero los diputados de la nueva mayoría del Congreso, se dieron cuenta que se les había hecho bolas el engrudo y que ya no tenían tiempo para convocar a sesión solemne que cumplir con ese requisito y se fueron por la fácil, metieron de último momento una iniciativa con dispensa de todo trámite, aprovechando que ya no estaban los diputados del PAN ni la de MC, y reformaron la ley para quitar esa obligatoriedad de que tenía que ser a más tardar el 15 de enero.
Y aquí hay que decir que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ya había turnado la solicitud para que le fijaran día y hora para realizar la sesión solemne donde deberá rendir el informe anual y es momento que para na que le han avisado.
Se suponía que hoy jueves al terminar la primera sesión solemne, se iba a desarrollar una segunda solemne para que se rindiera ese informe de actividades, pero ¿qué cree?, que les dio una flojera y mejor lo dejarán hasta la siguiente semana.
¿Y se acuerda de la Ley de Movilidad del Estado de Colima?, ¿Y se acuerda que está pendiente entrarle a reestructurar todo el Sistema Integral de las Pensiones Civiles del Estado?, y…. bueno hay tanta iniciativa rezagada que ya hasta me cansé, pero eso parece no importan a nuestros diputados,
Para cerrar…
**Déjeme y le platico que este martes por la tarde, hubo reunión de la Comisión de Hacienda, en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, donde atendió a los empresarios de “¿Cómo Vamos?, Colima”, quienes no quitan el dedo del renglón, y están urgiendo para que el Congreso ya dictamine de manera favorable, las reformas del Artículo 41 U BIS, para que el Gobierno del Estado, les entregue el 5% de la totalidad de recursos que ingresan del Impuesto Sobre la Nómina y que representa algo así como 12 millones de pesos anuales lo que les tocaría de aprobarse de manera favorable su petición.
En la reunión que se desarrolló a puerta cerrada, los empresarios hicieron hasta lo imposible por sacar el compromiso de que ya va a salir el dictamen y que vendría favorable para ellos, sin embargo los diputados que estuvieron, que no fueron de todas las fracciones, no quisieron cargar solos con el muertito y no se atrevieron ni a hacer el compromiso de cuándo pudiera someterse a la consideración del pleno y mucho menos que vaya a ser favorable para los empresarios.
Incluso le puedo adelantar que es posible que dicha iniciativa no prospere, primero, porque no hay consenso entre la mayoría de los diputados, pues consideran que el supuesto trabajo que quiere realizar “¿Cómo vamos?, Colima”, está fuera de la legalidad, como es la fiscalización de los recursos estatales, es competencia exclusiva del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).
Máxime que el titular del Ejecutivo estatal acaba de enviar una iniciativa para aplicar descuentos al holograma vehicular y al Impuesto Sobre la Nómina, como parte de los diez compromisos que anunció el pasado 11 de enero, con el fin de mitigar en la medida de lo posible, el impacto originado por el incremento al precio de los combustibles a las familias colimenses.
De acuerdo a la iniciativa enviada al Congreso, respecto a la calcomanía vehicular, la propuesta del gobernador establece que los contribuyentes que hagan su pago durante el primer trimestre del año tendrán un descuento del 20%; si el pago lo hacen en el segundo trimestre el descuento será del 10% o bien podrán hacer el pago total hasta el mes de septiembre sin recargo alguno.
De este beneficio podrán gozar los propietarios de vehículos que no exceda un costo comercial de cien mil pesos, de conformidad con lo señalado en el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por el Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el día 24 de diciembre de 2016.
En cuanto a la exención del pago del Impuesto Sobre la Nómina a las empresas que generen nuevos empleos durante 2017, la propuesta enviada por el gobernador establece que recibirán el beneficio las empresas o establecimientos que inicien operaciones en el Estado y que generen empleos directos en la entidad.
Asimismo, recibirán el beneficio aquellas empresas que por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o por expansión, generen un crecimiento en su planta laboral. En el caso de expansión, la exención se aplicará respecto del impuesto que se cause por los nuevos empleos que se generen.
**Hay muchos temas más que podríamos seguir abordando “Desde la Curul 26”, pero por hoy hasta aquí le dejamos

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