= Declaración de bienes, obligatoria = Reformas constitucionales no garantiza la aplicación correcta de las reglas contra la corrupción. =Colima solo cumplió con reforma Constitucional, no más.
Al vencerse este miércoles 19 el plazo Constitucional para que las entidades federativas realizarán reformas Constitucionales y reglamentarias para adecuar su leyes a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en general la mayoría de entidades federativas, incluyendo Colima, incumplieron con este requisito obligatorio.
En el caso de Colima “cumplió a medias” al realizar únicamente Reformas a su marco Constitucional, dejando pendientes la totalidad de leyes en la materia, y al igual que la Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, que sólo aprobaron y publicaron en sus gacetas de gobierno sus reformas constitucionales.
Es así como a partir de este miércoles se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, con sanciones administrativas, pero sin poder aplicar castigos penales, con carencias que lo lesionan, pues sólo Querétaro cumplió cabalmente con todos los requerimientos, mientras que ni la Federación ni el resto de las 31 entidades tienen completas las autoridades que darán la lucha contra los corruptos.
Por disposición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este 19 de julio entran en vigor las nuevas reglas generales para castigar la corrupción, pero sólo a nivel administrativo, con medidas como amonestaciones públicas, multas, despidos, suspensiones e inhabilitaciones, porque la parte penal no será aplicada mientras no exista el Fiscal Anticorrupción, por lo que los delitos relacionados con actos de corrupción se castigarán como hasta ahora.
Este nuevo sistema obliga a los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses, pero como el Comité de Participación Ciudadana federal no ha emitido los formatos que se deben aplicar, se harán como hasta ahora, con la información que el trabajador decida que debe ser pública.
A partir de hoy existen nuevas reglas que buscan poner fin al uso de familiares por parte de funcionarios para ocultar fortunas y los somete a una revisión periódica para verificar que su patrimonio no sea considerablemente mayor a sus ingresos salariales.
Pero no sólo a nivel federal se incumplió con las reglas establecidas por el Poder Legislativo.
Concretada la reforma constitucional, se hicieron las leyes correspondientes y se nombró al Comité de Participación Ciudadana, pero no hay ni fiscal ni magistrados anticorrupción. Tanto la PGR como el propio Tribunal de Justicia Administrativa tendrán que subsanar eso con medidas administrativas, porque el Senado no nombró a esas autoridades.
También los estados incumplieron con la expectativa. La idea fue que para este 19 de julio, en todo el país ya estuvieron en funcionamiento los sistemas estatales anticorrupción, pero el retraso en la aprobación de la reforma constitucional y las leyes respectivas retrasó todo el procedimiento a nivel estatal y ninguno tiene Comité de Participación Ciudadana.
Sólo Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora tienen fiscal, mientras que los estados de México, Morelos, Nayarit, Querétaro y Sonora tienen magistrados anticorrupción.